Publicado el 26/06/2025 por Administrador
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Tras un mes de funcionamiento, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) acumula una cifra alarmante: más de 500 muertos y miles de heridos entre civiles que intentaban acceder a ayuda alimentaria en los centros de reparto establecidos en Rafah, Khan Younis y Netzarim. Lo que fue presentado como un modelo innovador de asistencia humanitaria, se ha convertido en un foco de caos y violencia.
La GHF fue lanzada con apoyo logístico y financiero de Estados Unidos e Israel, como alternativa a los canales tradicionales de ayuda, con el objetivo declarado de evitar que grupos armados controlaran la distribución de alimentos. Sin embargo, la implementación ha estado rodeada de confusión, desorganización y violencia recurrente.
Testigos relatan escenas caóticas: multitudes desesperadas, escasa presencia de personal humanitario capacitado y una vigilancia militar que en varias ocasiones ha abierto fuego, alegando descontrol o amenazas. La suma de estos factores ha dejado cientos de muertos en apenas cuatro semanas.
El propio director ejecutivo de la fundación, Jake Wood, renunció días antes de que se cumpliera el primer mes de operaciones. Alegó incompatibilidades con los principios de neutralidad y autonomía que deben regir cualquier esfuerzo humanitario. Su salida no ha hecho más que reforzar las críticas hacia el modelo propuesto por la GHF.
Diversas organizaciones internacionales, como la ONU, UNICEF y Médicos Sin Fronteras, han calificado las operaciones de la GHF como peligrosas e ineficientes. Denuncian que los centros de reparto se han convertido en "zonas de muerte" y advierten que, lejos de mitigar el sufrimiento, la estrategia ha incrementado el riesgo para la población civil.
El impacto humanitario es grave. La desnutrición se ha disparado y la inseguridad alimentaria afecta ya a la totalidad de los más de dos millones de habitantes de Gaza. Las cifras de heridos y fallecidos en los puntos de distribución reflejan el fracaso de un esquema de ayuda que prioriza el control militar por sobre la asistencia efectiva.
En paralelo, se han reportado bombardeos en zonas cercanas a los centros humanitarios, dejando decenas de muertos adicionales. En uno de los incidentes más recientes, al menos 62 personas murieron en ataques aéreos que afectaron también a las inmediaciones de un punto de reparto.
A pesar del creciente número de víctimas, Estados Unidos ha transferido ya millones de dólares para sostener esta iniciativa, lo que ha generado fuertes cuestionamientos internos. Algunos congresistas y analistas acusan al gobierno de financiar indirectamente una operación que ha provocado más daño que alivio.
Ante este panorama, comienzan a surgir propuestas para rediseñar el modelo de asistencia. Se habla de retomar el control de los centros de ayuda mediante agencias tradicionales, con personal capacitado, puntos de acceso diversificados y bajo supervisión humanitaria neutral.
El caso de la GHF pone en evidencia los riesgos de militarizar la ayuda en contextos de conflicto armado. A un mes de su implementación, la iniciativa deja más dudas que certezas y plantea una urgente necesidad de revisión, si se pretende salvar vidas y no seguir acumulando tragedias.
